Las auditorías e inspecciones dentro del Poder Judicial deben consolidarse como una práctica permanente y rigurosa para evitar que los juzgadores actúen bajo un velo de infalibilidad, aseveró Martha González, de la Asamblea Feminista del Estado de Chihuahua (AFECh), tras fijar su postura sobre el caso de Manuel J.T., juez penal del Distrito Judicial Hidalgo, que comparece ante las autoridades por presunta prevaricación agravada en un caso de feminicidio.

Martha González calificó como un avance histórico y sumamente positivo que la Fiscalía Anticorrupción haya aplicado mecanismos para investigar las irregularidades cometidas en el juzgado de Hidalgo del Parral, donde el juzgador presuntamente cometió el delito de prevaricación para favorecer al presunto agresor de la joven maestra Edna Marilyn.

Para la activista, el caso expone con claridad que las fallas en la impartición de justicia hacia las mujeres no se limitan únicamente a la falta de perspectiva de género o desconocimiento técnico, sino que responden directamente a redes de amiguismo y corrupción enquistadas en los tribunales.

“Bien sabemos que los jueces y las juezas son gente abogada y formada, pero también sabemos que en muchos casos no tienen la sensibilidad. Y en este caso es evidente que no sólo falta sensibilidad, sino que hay corrupción; no hay otra forma de decirlo”, sentenció de manera contundente la representante de la AFECh.

La activista hizo un llamado urgente a la sociedad y a los órganos administradores de justicia para respaldar y difundir este tipo de fiscalizaciones de manera sistemática, evitando que los fallos judiciales queden exentos del escrutinio público o blindados tras la toga institucional.

En ese sentido, González destacó que la trascendencia de esta sanción radica en el mensaje de advertencia que se envía a todo el aparato de justicia del estado, obligando a los administradores de la ley a actuar con apego a derecho y sin la certeza de que sus actos permanecerán impunes.

“Hay que resaltar de manera muy positiva este tipo de auditorías para que las y los jueces, a la hora de hacer su dictamen, no se sientan infalibles ni piensen que ya nadie va a cuestionar su resolución”, puntualizó la defensora de derechos humanos.

Cabe recordar que el contexto que dio origen a esta postura fue la investigación e intervención realizada en el Distrito Judicial Hidalgo, donde se detectó que el juez involucrado usó su influencia institucional para desviar el expediente del feminicidio de la docente de 27 años, intentando hacer pasar el atropellamiento intencional como un mero accidente vial para liberar a su allegado.

Finalmente, Martha González enfatizó que las organizaciones de mujeres continuarán exigiendo que se juzgue con estricta perspectiva de género en todos los juzgados de la entidad, advirtiendo que la impunidad no sólo se combate deteniendo a los feminicidas, sino investigando y castigando con severidad a quienes desde el estrado tuercen la justicia.