Nuevo Casas Grandes— En el Ejido Benito Juárez ubicado en el municipio de Buenaventura, se realizará mañana una asamblea para aprobar o no un proyecto minero.En ella, más de 200 ejidatarios y propietarios de la tierra deliberarán mediante voto si se revoca la moratoria a la actividad minera instaurada hace más de diez años, abriendo así paso a la transnacional canadiense Apollo Silver Corporation y su ambicioso proyecto minero de plata “Cinco de Mayo”.​La votación no representa un mero trámite administrativo, sino un plebiscito sobre el modelo de supervivencia que adoptará la comunidad, pues por un lado, la promesa de una inyección financiera superior a los 800 millones de dólares (más de 13 mil millones de pesos) y la generación de empleos fijos amenazan con romper años de paralización económica.Por el otro, el desabasto hídrico en un acuífero, junto al recuerdo del conflicto que costó la vida a los activistas Ismael Solorio y Manuela Solís en el pasado, mantienen en pie de lucha a defensores de la tierra.Entre los productores agrícolas y habitantes alineados con el rechazo, la preocupación principal no radica en la llegada de capitales, sino en las consecuencias ecológicas irreversibles que la minería de gran escala puede ocasionar en una región predominantemente semidesértica.​Los opositores recuerdan que el acuífero local padece un estrés hídrico severo, y sostienen que la minería subterránea requiere volúmenes masivos del vital líquido para sus procesos de separación, lo que vulneraría la actividad agrícola y ganadera tradicional.​Los integrantes de la comunidad denuncian que en las incursiones iniciales de la empresa no se transparentaron estudios de impacto ambiental rigurosos ni independientes, lo que alimenta la desconfianza respecto al cumplimiento de los acuerdos.​​Desde el sector a favor de la inversión, se señala que la reactivación del rechazo responde al cabildeo de liderazgos políticos de corte corralista y activistas de la región (como los grupos asociados a Gabino Gómez y la familia Solorio), a quienes acusan de mantener a la población en el estancamiento por agendas ideológicas.La asfixia económica ha impulsado a cientos de habitantes y familias sin tierra a manifestarse pacíficamente a favor de la reapertura.Según lo expresado por Tom Peregoodoff, presidente ejecutivo de Apollo Silver Corporation, la empresa ha adecuado su postura alineándose con los lineamientos del Gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de tratar el agua como un derecho humano.La minera sostiene que, al ser una operación subterránea, el agua extraída por el proceso de desatascamiento de galerías será canalizada y puesta a disposición de los agricultores y el consumo del pueblo.