Luego de que en una publicación a nivel nacional, cinco exfuncionarios acusaron a la unidad de los Expedientes X de la Fiscalía de torturarlos psicológicamente para obtener confesiones a modo, Campos Galván expresó que de confirmarse esta situación se hablaría de abuso de autoridad, vulnerabilidad de los derechos humanos de los chihuahuenses para fines personales.
Recordó que su caso también tuvo testigos a modo.
“Estamos hablando de abuso de autoridad, vulnerabilidad a los derechos humanos y de los principios básicos de las garantías individuales de los chihuahuenses y del uso de las instituciones públicas para fines personales, electorales y fines políticos. Esto no se había visto, no teníamos conocimiento desde hace más de 50 años en nuestro país. Es muy grave y de mucho daño para las instituciones, nos lastima esta publicación el día de hoy”. expresó la Gobernadora.
En un reportaje publicado hoy por el periódico La Jornada, el periodista Gustavo Castillo García, señaló que el gobierno de Javier Corral Jurado obligó bajo amenazas a ex funcionarios, empresarios y ciudadanos a dar declaraciones en contra de varios ex funcionarios, así como de la gobernadora actual de Chihuahua, María Eugenia Campos Galvan y del ex gobernador Cesar Duarte Jáquez.
De acuerdo al reportaje realizado por la Jornada, Javier Corral convirtió la Casa de Gobierno en un centro de operaciones policiacas y ministeriales, donde según testigos se integraban los conocidos aquí como Expedientes X’s en contra de sus opositores de antaño y de quienes veía como futuros competidores políticos.
Allí fueron obligados a convertirse en testigos, diversos colaboradores para que sus testimonios sirvieran como elementos para enjuiciar a aquellos que decidiera el gobierno de Corral Jurado.
Los testigos solicitaron el anonimato por temor a represalias, sin embargo, algunos de ellos laboraron en el gobierno de Chihuahua antes de la administración del priísta César Duarte Jáquez (2010-2016) y otros se convirtieron en proveedores de esa administración, pero todos aseguran que se les amenazó con acusarlos de haber participado en el desvío de recursos públicos que se imputa al ex mandatario priísta César Duarte.
