Por orden del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), el exoficial mayor y el extesorero del Municipio de Madera, identificados como J.M.P. y S.M.N., respectivamente, fueron inhabilitados por un periodo de 10 años para ocupar cargos públicos, tras ser encontrados responsables de desviar recursos municipales en beneficio propio durante el periodo 2019-2021.

De acuerdo con la investigación realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), ambos exfuncionarios incurrieron en faltas administrativas graves al destinar dinero público para la compra de refacciones automotrices, las cuales fueron utilizadas en vehículos de su propiedad, es decir, autos particulares y no unidades oficiales del municipio.

El caso salió a la luz tras una auditoría realizada al ejercicio fiscal de 2020, cuando la ASE detectó una serie de irregularidades relacionadas con gastos en refacciones y llantas. En la revisión de documentos y comprobantes, se encontró que el exoficial mayor, J.M.P., ordenó la adquisición de piezas automotrices por un monto de 22 mil 100 pesos, destinadas a la reparación de un vehículo de su propiedad.

Dicha compra fue autorizada por el entonces tesorero, S.M.N., quien además validó otros gastos similares, que en conjunto sumaron más de 45 mil pesos, dinero que provino directamente de las arcas municipales.

Con base en las pruebas documentales y testimoniales recabadas, la ASE determinó que ambos exfuncionarios desviaron recursos públicos con fines particulares, configurando así las faltas de peculado, desvío de recursos y abuso de confianza. Ante la gravedad de los hechos, el expediente fue turnado al TEJA, instancia encargada de resolver en materia de responsabilidades administrativas.Tras analizar el caso, la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del TEJA dictó sentencia, confirmando la responsabilidad administrativa de ambos exservidores públicos. El tribunal estableció que la existencia de órdenes de compra y facturas no es suficiente para justificar el uso de recursos públicos, ya que todo gasto debe tener como objetivo atender necesidades colectivas y no beneficios personales.