El Padre Javier Ávila Aguirre, S. J., cofundador de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC, y quien ha ejercido su ministerio durante más de cinco décadas en la Sierra Tarahumara, se pronunció respecto a la iniciativa de legislar el uso de drones por parte del crimen organizado como actos de terrorismo. Señaló que no se debe criminalizar el uso de una herramienta ampliamente utilizada con fines legítimos y cuestionó los resultados de la instalación de las Torres Centinelas en comunidades serranas.

“Se me hace peligroso equiparar crimen organizado con terrorismo, porque lo que hemos visto es que eso lleva a militarizar regiones. Los drones no son tanto el problema. Son una herramienta con muchos usos legítimos: para detectar incendios, monitorear e incluso para el rescate de personas extraviadas. En la Sierra Tarahumara, el turismo los utiliza mucho, ya que son ideales para realizar documentales con fotografías o videos en la Barranca del Cobre. No podemos criminalizar en general su uso”, afirmó.

Asimismo, mencionó que la reflexión sobre los drones lo llevó a pensar en las Torres Centinela, instaladas en varias localidades de la Sierra Tarahumara.

“Quiero saber qué resultados han tenido las Torres Centinela. Una vez me dijeron en la Fiscalía: ‘Se robaron un carro en Juárez y lo ubicamos en Parral a los dos días’. Pero eso no me impresiona. Me impresiona que me digan: ‘Tenemos perfectamente ubicados a los ladrones y ya vamos por ellos’”, expresó.

Respecto a las Torres Centinela, señaló que se colocaron en Creel, municipio de Bocoyna, y en San Ignacio de Arareco, pero que las y los habitantes no estuvieron de acuerdo con su instalación, cuestionando por qué no se instalaron en comunidades donde realmente operan los grupos del crimen organizado.

“En San Ignacio de Arareco, en el ejido, la gente se molestó porque no les consultaron ni permitieron su participación. Luego dijeron: ‘Vamos a consultarlos’. ‘¿Para qué los ponen?’. ‘Para cuidarlos’. Pero ellos respondían: ‘A ver, pónganlos primero en Samachique, Baborígame, Cusárare, Batopilas, y después de que los pongan allá, vengan aquí, a San Ignacio a colocarlos’. ¿Por qué no las ponen donde realmente están los conflictos?”, cuestionó el Padre Ávila.

En ese sentido, el Padre jesuita Javier Ávila opinó que el problema no son los drones, sino lo que calificó como el fracaso de la estrategia de seguridad.

“El problema no parece que sean los drones, sino una estrategia de seguridad fallida. Es un fracaso y volvemos a lo que dije sobre la muerte de Javier y Joaquín hace tres años —algo que molestó mucho al presidente de la República—: Revisen su programa de seguridad porque no está funcionando. Lo mismo puedo decir del Estado. Le molestó que mencionara que ya no nos alcanzan los abrazos para contener tantos balazos. ¿Dónde están los resultados de las Torres Centinela? No justifica para nada —y no quiero justificar— el uso de drones en todos los delitos que se han cometido: ataques a policías, militares y civiles. Para nada”, afirmó Javier Ávila.

El activista por los derechos humanos en la Tarahumara señaló la necesidad de registrar y monitorear a los usuarios de drones desde el momento de su compra hasta el uso que se les dé, para prevenir su uso con fines ilícitos.Sobre la iniciativa del Gobierno para impulsar reformas que tipifiquen y sancionen el uso de drones con fines criminales, y busquen los esquemas legales correspondientes, compartió que es necesario esperar qué reforma quieren implementar.

“Mi comentario es que, cuando aparezcan esas reformas y esos esquemas, vamos a opinar como defensores de Derechos Humanos”, finalizó.