Tras el proceso legal iniciado contra el Gobierno de Parral por el presunto incumplimiento de un convenio firmado en 2016, se interpuso un amparo legal con el objetivo de evitar la pérdida del inmueble donde actualmente opera la Presidencia Municipal, como parte del proceso judicial con el Gobierno del Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

El secretario del Ayuntamiento, Jorge Cordero, explicó que la acción legal se presentó dentro de los plazos establecidos, en un intento por frenar la ejecución de la sentencia que ordena al municipio desocupar el edificio y cubrir sanciones económicas que superan los 11 millones de pesos.

“Se trata de un procedimiento jurídico necesario. No presentar el amparo sería dejar firme la sentencia y perder el patrimonio municipal”, afirmó Cordero, quien aclaró que el recurso no busca dilatar el proceso, sino garantizar el derecho del municipio a una defensa adecuada.

El conflicto tiene su origen en un convenio de coordinación firmado el 23 de julio de 2016, mediante el cual el Ayuntamiento se comprometía a entregar el edificio ubicado en las calles República de Cuba y Francisco Miranda al TSJE. A cambio, recibiría dos inmuebles estatales y un apoyo económico de 2 millones de pesos para construir una nueva sede municipal.

Sin embargo, el acuerdo no se concretó en los términos establecidos. Según el Ayuntamiento, hubo complicaciones administrativas que impidieron la entrega del inmueble en la fecha pactada, entre ellas el cambio de uso de suelo de los predios que serían parte del intercambio.

El Tribunal presentó formalmente la demanda en 2019, y la sentencia emitida por el Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial Morelos obliga al Ayuntamiento no solo a devolver el inmueble, sino también a pagar conceptos como rentas vencidas, pena convencional e intereses acumulados a una tasa del 9% mensual.

Uno de los argumentos centrales del amparo presentado por el municipio es que se trata de un conflicto entre entes públicos, por lo que consideran que debería ser atendido por un tribunal administrativo y no en la vía civil. Esta posición será parte clave de la estrategia legal.

En paralelo a este proceso, el municipio también enfrenta otro conflicto legal relacionado con el predio del Rastro Regional TIF, cuya propiedad podría revertirse al Gobierno del Estado debido a un presunto incumplimiento de contrato. Sobre ese caso, Cordero señaló que se analiza la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio para evitar la pérdida del terreno.Ambos casos han sido señalados como prioridad por parte del Ayuntamiento, que asegura estar actuando con responsabilidad legal ante escenarios que podrían comprometer el patrimonio público y afectar el funcionamiento de servicios municipales.