El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó con 21 votos a favor por parte del PRI, PAN, MC, PT y Partido Verde y 11 en contra de Morena, el dictamen de decreto mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado, la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, la Ley de Hacienda del Estado y la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Chihuahua y sus Municipios.

La reforma tiene como propósito actualizar el marco jurídico fiscal y brindar mayor claridad, certeza y seguridad jurídica a las y los contribuyentes.

La aprobación contempla adecuaciones a cuatro ordenamientos estatales, con el objetivo de facilitar la comprensión de los preceptos legales, armonizar criterios administrativos y garantizar que la aplicación de las normas fiscales se realice bajo principios de razonabilidad, economía y respeto a los derechos humanos.

De acuerdo con lo expuesto durante la discusión legislativa, las modificaciones buscan equilibrar la sostenibilidad financiera del Estado sin que ello implique un enfoque exclusivamente recaudatorio.

El dictamen fue presentado ante el Pleno por la diputada Joceline Vega Vargas, en representación de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública. En su exposición, se indicó que las reformas responden a la necesidad de fortalecer los servicios públicos estatales y ofrecer mayor certeza jurídica tanto a la autoridad fiscal como a los contribuyentes, mediante reglas más claras y procedimientos actualizados.

En lo referente al Código Fiscal del Estado de Chihuahua, las reformas establecen una definición más precisa de las contribuciones, incorporando de manera expresa las aportaciones de seguridad social. Asimismo, se reforzó la certeza jurídica al determinar que las resoluciones administrativas fiscales favorables a los particulares únicamente podrán ser modificadas por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, evitando cambios unilaterales por parte de la autoridad.

También se realizaron ajustes a los plazos y procedimientos para la atención de promociones fiscales, con el fin de hacerlos más claros y eficientes. En materia de sanciones, se actualizaron disposiciones relacionadas con la condonación de multas, estableciendo que esta dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se solicite expresamente y se garantice el interés fiscal. Además, se precisaron reglas relativas al embargo, la enajenación de bienes y los medios de defensa del contribuyente, al tiempo que se eliminaron artículos considerados obsoletos o redundantes.

En cuanto a la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, el Congreso aprobó una actualización integral de diversas cuotas expresadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA) correspondientes a servicios públicos que presta el Estado. Entre ellos se incluyen trámites del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, servicios ambientales, educativos, culturales, de salud, recreativos y de seguridad pública, así como los que ofrecen universidades tecnológicas e instituciones educativas estatales.

Estas adecuaciones, de acuerdo con el dictamen, buscan transparentar los costos de los servicios, homologar criterios de cobro y garantizar la proporcionalidad en el pago de derechos. De igual forma, se incorporaron nuevos conceptos y servicios, mientras que se derogaron disposiciones que ya no correspondían a la realidad administrativa actual, privilegiando la simplificación normativa y la claridad para los usuarios.

Por su parte, en la Ley de Hacienda del Estado se reformaron y adicionaron disposiciones relacionadas con el objeto y la tasa de algunas contribuciones. Se estableció que determinados derechos no formarán parte de la base gravable del impuesto correspondiente y se definió el destino de algunos ingresos, asignando recursos al fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ya sea a través de convenios federales o de manera directa para su sostenimiento.

Asimismo, se aprobaron reformas a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Chihuahua y sus Municipios, con el fin de regular de manera más precisa la periodicidad y los mecanismos de convocatoria de la Reunión Estatal y de la Comisión Permanente. Con ello se busca fortalecer la coordinación hacendaria entre el Gobierno del Estado y los municipios, así como mejorar la planeación y distribución de recursos.

En los artículos transitorios del decreto se estableció que, durante los ejercicios fiscales de 2026 y 2027, en lugar de aplicar la tasa del 3 por ciento prevista en el artículo 75 de la Ley de Hacienda del Estado sobre el monto mensual de las erogaciones señaladas en el artículo 74, se aplicará una tasa del 4 por ciento. Los ingresos adicionales que se obtengan por esta medida deberán destinarse preferentemente a inversión pública productiva y, en su caso, a lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Finalmente, se precisó que las contribuciones extraordinarias establecidas en decretos anteriores continuarán calculándose con base en el Impuesto Sobre Nóminas considerando la tasa del 3 por ciento, por lo que dichas contribuciones se mantienen sin incremento.

De acuerdo con el dictamen aprobado, los ajustes a tasas y cuotas están orientados a financiar inversión pública productiva, fortalecer sectores estratégicos como educación, salud y asistencia social, y asegurar la continuidad de los servicios esenciales en el estado.