El posible ajuste al calendario escolar planteado por autoridades educativas ha generado inquietud entre padres de familia, docentes y organismos defensores de derechos humanos, particularmente por las consecuencias que podría traer para niñas, niños y adolescentes. En Ciudad Juárez, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos consideró que cualquier modificación debe analizarse con responsabilidad y poniendo en el centro el bienestar de la infancia.

Eduardo Antonio Sáenz Frías, visitador titular de la oficina regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, señaló que la propuesta no ha sido bien recibida por gran parte de la sociedad, debido a que no existe una justificación clara para reducir días de clases o alterar el ritmo habitual del ciclo escolar.

El funcionario explicó que entre los argumentos que se han mencionado para justificar el cambio aparecen factores como el clima o la realización del próximo Mundial de Futbol en México; sin embargo, consideró que esos motivos no son suficientes frente al impacto que podría ocasionarse en la vida cotidiana de miles de familias.

El punto medular de esta situación es el grupo vulnerable que representan niñas, niños y adolescentes, y todo lo que conlleva una suspensión o modificación del ciclo escolar”.

Indicó que muchas familias organizan su rutina laboral y personal en función de los horarios escolares, por lo que alterar esos periodos podría provocar complicaciones importantes en el cuidado de los menores. Durante vacaciones largas, dijo, los padres suelen prepararse con tiempo y buscar actividades o apoyos adicionales, algo que no ocurre cuando los cambios llegan de manera repentina.

Además, advirtió que una modificación inesperada podría derivar en situaciones de riesgo para algunos menores, especialmente cuando madres y padres se ven obligados a dejarlos solos o al cuidado de personas que no siempre cuentan con las condiciones adecuadas para atenderlos.

“Lo importante es que exista planeación para garantizar la seguridad y la mejor estancia posible durante la niñez”, indicó el visitador de la Comisión, quien insistió en que la estabilidad familiar también debe considerarse dentro del debate.

Sáenz Frías aclaró que no existen datos precisos que permitan afirmar si este tipo de cambios incrementaría delitos o accidentes relacionados con menores, ya que esa información corresponde a las autoridades ministeriales. No obstante, reconoció que la falta de supervisión adecuada siempre representa un factor de riesgo.

El representante de derechos humanos consideró que las propias secretarías de Educación de cada estado son las instancias que cuentan con información suficiente para evaluar el contexto específico de cada entidad y determinar si una modificación al calendario realmente resulta necesaria o viable.

Por su parte, Carlos Ernesto Ortiz Villegas, representante de la gobernadora en Ciudad Juárez, pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconsiderar el recorte al ciclo escolar al considerar que la medida afectaría programas educativos y sociales que dependen de las semanas reducidas para operar correctamente. También informó que autoridades educativas estatales fueron convocadas a una reunión en Ciudad de México para revisar la propuesta y valorar posibles ajustes.

“Somos desde luego muy respetuosos de las decisiones que tomen de manera colectiva”, aunque insistió en que reducir semanas de clases terminaría impactando el aprendizaje y el acceso a apoyos escolares, particularmente en sectores vulnerables.