Chihuahua— Las 29 denuncias penales promovidas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2024, así como 75 denuncias administrativas por faltas graves, tienen como eje común la participación de particulares —proveedores y contratistas— que presentaron documentación falsa o alterada para obtener contratos públicos, principalmente en procesos de licitación.De acuerdo con el Informe General de Resultados y la información contenida en las auditorías forenses practicadas, la ASE identificó un esquema reiterado de irregularidades en el que los particulares simularon el cumplimiento de requisitos legales y financieros para acceder a recursos públicos. La revisión se concentró en verificar la autenticidad de documentos clave presentados durante los concursos, lo que permitió detectar conductas dolosas.Entre las principales irregularidades se encuentra la alteración de opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales, tanto estatales como federales, así como del IMSS. En varios casos, al validar los códigos QR de estos documentos, los datos no coincidían con los folios y fechas impresos, o bien, redirigían a páginas genéricas de trámites, sin respaldo oficial. En otros expedientes, las instituciones emisoras confirmaron que los folios simplemente no existían en sus bases de datos.La ASE también documentó la simulación de capacidad técnica y financiera. Algunos contratistas declararon contar con capital contable mínimo o especialidades técnicas que, tras la verificación en portales oficiales, resultaron inexistentes. A ello se suman irregularidades en registros del REPSE y manifestaciones falsas bajo protesta de decir verdad, con las que los particulares lograron aparentar solvencia para adjudicarse contratos.Las auditorías forenses muestran que estas prácticas se concentraron en varias dependencias y organismos. El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife) es la entidad con mayor número de casos, al acumular 12 denuncias penales derivadas de la verificación de documentos de contratistas. Le siguen el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, con tres denuncias; la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, también con tres; la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, con tres más; la Secretaría de Hacienda, con dos; y la JMAS de Juárez, con dos denuncias penales.En total, las 29 denuncias de hechos fueron presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción, mientras que de la misma fiscalización se desprendieron 75 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa por faltas graves, que pueden involucrar tanto a servidores públicos como a particulares vinculados con las irregularidades detectadas. Adicionalmente, la ASE promovió 393 procedimientos por faltas no graves ante los órganos internos de control.El Informe General precisa que los nombres de las personas físicas o morales involucradas, así como los montos específicos de los contratos, se encuentran detallados en los informes individuales y en los expedientes de denuncia, ya que el documento entregado al Congreso del Estado presenta los resultados de manera global y esquemática.Para la Auditoría Superior del Estado, estos hallazgos marcan un cambio de criterio: cuando se acredita la presentación de documentos falsos por parte de particulares, el caso deja de tratarse como una simple irregularidad administrativa y se traslada al ámbito penal, al considerar que el engaño deliberado pone en riesgo el patrimonio público y la correcta ejecución de obras y servicios.