Los intereses políticos, la falta de condiciones laborales inclusivas y la persistencia de la violencia de género son las principales barreras para el desarrollo laboral de las mujeres en las secretarías del gobierno federal, aseguró el IMCO.
“Las mujeres están subrepresentadas en los puestos de mando superior en las secretarías de Estado”, recalcó
Aunque la representación de mujeres en el sector público creció de 34% en 2006 a 43% en 2023, las funcionarias siguen subrepresentadas en puestos de mayor nivel jerárquico, como subsecretarías y jefaturas de unidad, indicó
El sistema de contratación abierta del Gobierno Federal –agrega–facilita la incorporación de personal de confianza y este tipo de puestos permite el acceso a cargos de mayor nivel jerárquico.
Sin embargo, la mayoría de estos puestos son ocupados por hombres (60%) y su permanencia depende en gran medida de la administración en turno, lo que limita la certidumbre sobre el desarrollo profesional a mediano y largo plazo.
Aunque existen mecanismos para promover la igualdad de género, como el Sistema de Servicio Profesional de Carrera y las Unidades de Género, el impacto no ha sido el esperado.
No obstante, el IMCO confió en que la nueva Secretaría de las Mujeres será clave para impulsar y garantizar la igualdad de género en la Administración Pública Federal.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) e Incubadora Míticas realizaron ejercicios de diálogo, como grupos focales y entrevistas, en los que participaron más de 50 funcionarias públicas de siete secretarías de Estado a nivel federal, quienes coincidieron en que las condiciones laborales no son inclusivas.
De acuerdo a esta investigación, la falta de políticas de inclusión, como flexibilidad o trabajo híbrido, sumado a jornadas laborales extensas dificultan la conciliación entre la vida personal y laboral.
Dado que las mujeres desempeñan una mayor proporción del trabajo no remunerado, estas condiciones hacen poco viable que ellas puedan crecer dentro de las secretarías de Estado, o bien, las lleva a posponer decisiones personales como el matrimonio o la maternidad.
Asimismo, la violencia laboral limita la permanencia en el trabajo. Si bien existen protocolos obligatorios en las secretarías de Estado, la violencia de género persiste en los entornos laborales.
Según el INEGI, una de cada cinco mujeres empleadas en instituciones gubernamentales reporta haber vivido alguna forma de violencia.
Las participantes identificaron dos deficiencias en los mecanismos de atención: i) la abstención de denunciar por temor a represalias que puedan afectar su carrera en el sector público y, ii) la falta de instrumentos de denuncia adecuados para reportar estos abusos.
En ese sentido, confiaron que la nueva Secretaría de las Mujeres podría liderar este esfuerzo, así como monitorear las políticas implementadas y coordinar las iniciativas entre las diversas dependencias federales.
“Su papel será clave para garantizar que las políticas de inclusión de género sean consistentes, efectivas y que respondan a las particularidades de cada secretaría”, indicaron
