Ciudad de México, 16 de julio.- Los 17 programas sociales implementados por el Gobierno de México y en los que reposa gran parte del plan político del Presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvieron fallas relacionadas con el cumplimiento de las normatividades, otras provocadas por la austeridad y también en los objetivos planteados.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que por mandato constitucional es el encargado de realizar evaluaciones a los programas sociales, encontró en este primer año que en muchos casos el diseño del programa se fue definiendo a la par de su implementación; que el inicio de operaciones de los programas se llevó a cabo con poca infraestructura física o recursos humanos insuficientes en el contexto de austeridad y con recortes a los recursos en diferentes momentos durante el año de análisis, y que algunos programas modificaron las Reglas de Operación porque se ajustaron a la par de la implementación, lo que pudo propiciar falta de certeza sobre el programa, tanto en los operadores como en los beneficiarios.
De acuerdo con el informe “Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo 2019-2020”, la austeridad presupuestal requirió que se priorizaran los procesos de la implementación, como por ejemplo la entrega de apoyos para llegar a la mayor cantidad de población con el menor costo posible. El Presidente López Obrador apuró el censo que elaboraron los Servidores de la Nación durante el periodo de transición para poder entregar los apoyos durante los primeros 2 meses de Gobierno.
Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- Los 17 programas sociales implementados por el Gobierno de México y en los que reposa gran parte del plan político del Presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvieron fallas relacionadas con el cumplimiento de las normatividades, otras provocadas por la austeridad y también en los objetivos planteados.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que por mandato constitucional es el encargado de realizar evaluaciones a los programas sociales, encontró en este primer año que en muchos casos el diseño del programa se fue definiendo a la par de su implementación; que el inicio de operaciones de los programas se llevó a cabo con poca infraestructura física o recursos humanos insuficientes en el contexto de austeridad y con recortes a los recursos en diferentes momentos durante el año de análisis, y que algunos programas modificaron las Reglas de Operación porque se ajustaron a la par de la implementación, lo que pudo propiciar falta de certeza sobre el programa, tanto en los operadores como en los beneficiarios.
De acuerdo con el informe “Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo 2019-2020”, la austeridad presupuestal requirió que se priorizaran los procesos de la implementación, como por ejemplo la entrega de apoyos para llegar a la mayor cantidad de población con el menor costo posible. El Presidente López Obrador apuró el censo que elaboraron los Servidores de la Nación durante el periodo de transición para poder entregar los apoyos durante los primeros 2 meses de Gobierno.
El informe señala que también hay falta de claridad, cuando el problema público que busca atender el Programa es distinto entre los diferentes documentos normativos analizados, “algunas categorías y conceptos aún no se encuentran definidos y se hace alusión a diversos problemas sociales (exclusión laboral, baja empleabilidad, oferta de trabajo en el sector informal, falta de personal capacitado, entre otras), lo que genera incertidumbre sobre cuál es el problema específico que se espera mitigar con la intervención, así como los resultados e impactos que se quieren alcanzar en el corto y mediano plazos”.
Finalmente se hizo énfasis en que se incorpore la perspectiva de género, estrategias multiculturales y esquemas diferenciados en favor de las y los jóvenes con mayores rezagos sociales, así como fortalecer su presencia en municipios y localidades marginadas y con altos índices de violencia y disponer de estrategias para favorecer que la juventud no escolarizada o que no tienen acceso a las tecnologías de la información o que tienen alguna condición de discapacidad puedan conocer y postular al programa.
En el ejercicio fiscal 2019, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro tuvo un presupuesto de 40 mil millones de pesos, el cual se modificó a 23 mil 915 millones de pesos. En 2020, el programa dispone de un presupuesto aprobado de 24 mil 956 millones de pesos.
Al cierre de su primer año de operación (2019) el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro logró atender a un millón 120 mil 543 jóvenes, superando su meta prevista de 1 millón de jóvenes atendidos para ese mismo año.
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